Los daños resultantes de la acción o inacción de los médicos – que prestan su actividad profesional en los hospitales públicos integrados en el Sistema Nacional de Salud – se producen en el ejercicio de la función administrativa, revistiendo la naturaleza de responsabilidad extracontractual.
Ante la aparición de rebrotes, las Comunidades Autónomas están adoptando medidas cada vez más restrictivas de derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Es esto legal?
En Portugal, determinada conducta de un médico o profesional de la salud, además de crear responsabilidad civil y penal, puede dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias
A medida que se avanza en la investigación y seguimiento de los casos en residencias de ancianos, la situación que sale a luz deja los pelos de punta: abandono, relajación en las medidas de contención y prevención o, directamente, conductas negligentes de cuidadores y directivos.
El consentimiento informado, como derecho del paciente y deber legal del médico, está sujeto a requisitos de forma y contenido que deberán ser observados por todos los profesionales de la salud, de lo contrario pueden ser ignorados en caso de un proceso judicial.
La preocupación por el culto a la belleza ha llevado a un aumento exponencial del uso de las cirugías estéticas, lo que también ha generado un incremento de las situaciones que terminan en los Tribunales, porque por alguna razón no tuvieron el resultado esperado, discutiéndose la responsabilidad civil por la práctica de actos médicos en tratamientos estéticos.
La Comunidad de Madrid retoma la propuesta de lanzar un “pasaporte serológico” que permitiría el uso de servicios y espacios públicos como antes de la COVID-19. Desde un punto de vista jurídico y de salud pública: una nueva ocurrencia.
Las residencias de ancianos se blindan ante el incremento en el número de contagios en España. Desde el régimen de visitas, pasando por los protocolos de acceso y desinfección, las residencias de ancianos se preparan para “el segundo asalto” de la COVID-19.