La reciente noticia sobre el presunto envenenamiento de pacientes sometidos a quimioterapia en el Hospital de Burgos ha generado una comprensible alarma social. Más allá del impacto mediático, este tipo de sucesos recuerda la importancia de conocer qué derechos asisten a los pacientes y en qué situaciones puede existir responsabilidad médica, penal o patrimonial.
EL TSJ de Canarias condena por mala praxis médica y falta de información al paciente de los riesgos y complicaciones posibles de la intervención.
Durante 2023, la Asociación Defensor del Paciente recibió un total de 12.071 denuncias relacionadas con posibles negligencias médicas, de las cuales 602 correspondieron a fallecimientos. A pesar de estas cifras, se observa una ligera disminución respecto al año anterior.
El Servicio Andaluz de Salud ha admitido que hubo un fallo en la atención dispensada a un paciente consistente en un retraso diagnóstico que provocó la amputación parcial de una pierna. Ahora la Administración ha resuelto indemnizar a la afectada.
Una aseguradora deberá indemnizar con 265.000 euros a la familia de un paciente que falleció tras una demora injustificada en la autorización de una intervención urgente. El tribunal consideró que la dilación administrativa impidió salvar la vida del paciente, subrayando la gravedad de la negligencia.
Un menor recibió una dosis de ketamina cinco veces superior a la indicada antes de una operación, lo que derivó en su ingreso en la UCI pediátrica.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la administración sanitaria a indemnizar con 125.000 euros a los padres de un menor que falleció tras recibir una atención médica inadecuada.
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido absolver a un odontólogo de Lanzarote, quien fue acusado de estafa procesal por supuestamente falsificar un documento con el fin de encubrir una posible negligencia médica en una clínica dental.
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El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santiago de Compostela ha dictado una resolución que establece una indemnización cercana a los 13 millones de euros por un caso de negligencia médica, lo que podría convertirse en un precedente relevante en el ámbito jurídico español.
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El Tribunal Supremo confirma en Sentencia de 5 de noviembre de 2025 la responsabilidad civil médica tanto del centro hospitalario como de la aseguradora por daño desproporcionado en intervención quirúrgica de tiroides, reafirmando la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado y la imposición de intereses moratorios conforme al artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro.