Desatención, abandono y posible conducta criminal de cuidadores en algunas residencias de ancianos

A medida que se avanza en la investigación y seguimiento de los casos en residencias de ancianos, la situación que sale a luz deja los pelos de punta: abandono, relajación en las medidas de contención y prevención o, directamente, conductas negligentes de cuidadores y directivos.

Diversos medios de comunicación se hacen eco de los progresos en la investigación de qué sucedió en las residencias de ancianos de diferentes puntos de nuestra geografía.

En la semana pasada, conocíamos del brote en la residencia de ancianos de Burbáguena, que tiene 96 plazas para la atención de mayores y que, a fecha de los corrientes, ha notificado un total de 62 contagios y dos fallecidos por COVID-19. La violencia del brote de COVID-19 y la situación crítica en la residencia, han llevado al Gobierno de Aragón a realizar diversas investigaciones y a plantearse iniciar un procedimiento por la vía penal frente a los responsables de la residencia.

El 3 de agosto hemos conocido, también por diversos medios de comunicación, que las escasas inspecciones efectuadas por la Comunidad de Madrid a lo largo de la primera ola de la pandemia (13) han detectado relajamiento en las medidas de prevención y seguridad en las residencias de ancianos o, directamente, el incumplimiento de determinadas medidas de distanciamiento entre casos sospechosos y pacientes sanos.

Estas situaciones que, afortunadamente no son generalizadas, pero sí han sido más frecuentes de lo deseable, permiten abrir una vía de reclamación frente a los establecimientos sociosanitarios o, directamente, frente a los responsables de los mismos.

En el ámbito penal, la responsabilidad de los directivos de los centros sociosanitarios e, incluso, de los trabajadores que hayan podido propagar los contagios por un negligente seguimiento de las medidas de asepsia y seguridad, puede conducir a un delito de lesiones o, en su caso, de homicidio imprudente.

Del mismo modo, en el ámbito civil o administrativo, es posible compeler a un establecimiento privado, concertado o público, para que se corrijan situaciones de dejadez o falta de diligencia, por medio de acciones judiciales o extrajudiciales.

La pandemia ha puesto de relieve que la atención que reciben nuestros mayores no está a la altura de los estándares de calidad y seguridad que resultan deseables y que son, de hecho, exigibles.

Ante la posibilidad de una segunda ola de COVID-19 en las residencias de ancianos, es necesario que se adopten medidas de choque que aseguren el bienestar de nuestros mayores (físico y mental). Los protocolos de seguridad y asepsia son un auténtico salvavidas que, de no existir, colocan en una situación de extremada fragilidad a nuestros mayores. El hecho de incumplir los protocolos a sabiendas constituye una imprudencia profesional o, en todo caso, una negligencia profesional que puede dar lugar a una indemnización en caso de que se materialice el riesgo de contagio que supone desobedecer estos protocolos.

A medida que la COVID-19 rebrota por diversos puntos de la geografía española, y con especial virulencia en Aragón, Navarra, Madrid, Cataluña y País Vasco, se exige que las autoridades, y los diferentes centros sociosanitarios concertados, privados y públicos, asuman medidas de mayor contundencia para evitar que se repita lo sucedido en Madrid durante la primera oleada de la pandemia.

Desde ESM Reclamación Sanitaria estamos trabajando activamente por dar soporte legal a todos los afectados por la COVID-19 en las residencias de ancianos, orientando acerca de las vías de reclamación y de los pasos que, jurídicamente, deben dar familias y afectados. Del mismo modo, desde ESM Reclamación Sanitaria contamos con peritos expertos en prevención y salud que fortalecen el contenido de nuestras reclamaciones.