La Asociación El Defensor del Paciente denuncia al gobierno y a 3 comunidades autónomas ante el Tribunal Supremo por las órdenes que denegaban la atención hospitalaria a los pacientes enfermos de COVID19 provenientes de residencias de mayores.

La alegada existencia de fuerza mayor por parte de la administración pública habrá de juzgarse dentro de las particularidades de cada caso.

Existencia del derecho a ser indemnizado por el padecimiento de un daño que no se tenía obligación de soportar.

El Presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, el pasado 25 de junio de 2020 en una entrevista en Radio Euskadi ponía en tela de juicio utilizar el criterio de la edad o de la discapacidad para “despriorizar” a los pacientes en lo más crudo de la crisis de la COVID-19.

Las residencias de mayores se han convertido en el agujero negro de la mortalidad de la COVID-19 en España.

A la vulnerabilidad natural de nuestros mayores ante la COVID-19 se ha unido la denegación de acceso al sistema sanitario, así como una gestión deficiente de los establecimientos sociosanitarios en lo que va camino ya de convertirse en uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente.

Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca condenando a la administración aragonesa por no facilitar los EPIs necesarios al personal sanitario. Vulneración del derecho fundamental a la integridad física por el riesgo al contagio derivado de la exposición al coronavirus.