Escándalo en las residencias de mayores: la Administración en el punto de mira por denegar la asistencia sanitaria a nuestros mayores.

Las residencias de mayores se han convertido en el agujero negro de la mortalidad de la COVID-19 en España.

A la vulnerabilidad natural de nuestros mayores ante la COVID-19 se ha unido la denegación de acceso al sistema sanitario, así como una gestión deficiente de los establecimientos sociosanitarios en lo que va camino ya de convertirse en uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente.

La expansión silenciosa de la COVID-19 en España, desde principios de 2020, tuvo un punto de inflexión en marzo, coincidiendo con la detección de brotes de la enfermedad en las residencias de mayores por todo el territorio nacional. La irrupción del virus en los establecimientos sociosanitarios produjo un incremento notable de las ratios de mortalidad en España.

Hoy en día es, aún, imposible conocer el número total de muertos en las residencias de mayores ante el apagón informativo de las Administraciones Públicas. ¿Por qué?

Las Administraciones Públicas se han negado, sistemáticamente, a revelar los datos y estimaciones de muertes en residencias de mayores en un intento de ocultar un auténtico drama que amenaza con descabalgar a Gobiernos de uno y otro signo. No obstante, sobre el resto, la Comunidad de Madrid atrae todas las miradas: la relación de mayores fallecidos para con el cómputo total de víctimas de la COVID-19 supera la impresionante cifra del 70% (1) rozando los 6.000 casos (según datos oficiales). Es decir, de todos los fallecidos por COVID-19 en la Comunidad de Madrid, más del 70% morían en las residencias de mayores. ¿Cuál es el motivo de una mortalidad tan elevada?

Desde diferentes instancias se insiste en que nuestros mayores se enfrentan a la COVID-19 en peores condiciones que una persona joven: la existencia de enfermedades de base como la hipertensión arterial, la polimedicación, la diabetes… Este hecho no deja de ser una obviedad. Es lógico que nuestros mayores estén en una peor posición para resistir la pandemia que nuestros jóvenes. No obstante, los datos son muy llamativos; más aún si tenemos en cuenta que, tal y como informan varios medios de comunicación, ante el miedo al colapso del sistema sanitario, se obstaculizó la derivación de pacientes de las residencias de mayores a los centros hospitalarios.

Las residencias de mayores son establecimientos sociosanitarios que no están preparados para ofrecer los cuidados y atenciones que requiere la pandemia producido por el SARS-COV-2: respiradores, medidas de aislamiento, tratamientos coadyuvantes con antiiflamatorios o corticoides en algunos casos… Todo este tipo de cuidados no están disponibles en la mayor parte de las residencias de mayores.

En este sentido, si bien en determinadas circunstancias de colapso pudieran haberse dado orientaciones/recomendaciones para aliviar la sobrecarga de los centros hospitalarios, en modo alguno puede eludirse el hecho de que todos tenemos derecho a la protección de la salud, independientemente de nuestra edad, un derecho protegido constitucionalmente del que no pueden disponer las Administraciones Públicas.

De acuerdo con diversos medios, las distintas Consejerías encargadas de los centros sociosanitarios o las propias Consejerías de Salud/Sanidad recomendaron no derivar a los mayores a los centros hospitalarios lo que, en la práctica, redujo drásticamente las posibilidades de supervivencia de nuestros mayores y lo que explica per se la elevadísima mortalidad en las residencias de mayores. Existen varios documentos y testimonios que informan de que, a los mayores, bien se les denegaba el acceso a los servicios de salud, bien se les denegaba el ingreso hospitalario, optándose por tratamientos a base de paliativos y, en algunos casos, sedación.

Pero el escándalo es todavía más profundo. No sólo se denegó/obstaculizó la derivación de pacientes de las residencias de mayores a los centros hospitalarios, sino que además, se prometió un medicalización de las residencias que nunca se llegó a producir. En los momentos más oscuros de la pandemia, el Ejército informó de mayores abandonados en las residencias, de mayores muertos junto a mayores convalecientes, imágenes más propias de las pinturas negras que de un país civilizado en el que prime la calidad en los cuidados de nuestros mayores.

Hoy en día, el Ministerio Fiscal mantiene abiertas más de un centenar de diligencias de investigación, siendo Madrid la Comunidad que se lleva la palma en el número de investigaciones abiertas. Pero ¿y los familiares de los mayores abandonados?

Desde ESM RECLAMACIÓN SOCIOSANITARIA seguimos con atención las informaciones que va publicando la prensa de cara a poder desarrollar un dossier completo de información veraz y sólida que permita arrojar luz sobre esta página oscura de nuestra historia reciente. Hoy por hoy, las informaciones publicadas orientan hacia la existencia de una denegación de medios a nuestros mayores en los momentos más duros de la primera ola de la pandemia. Esta denegación de asistencia supone cercenar un derecho fundamental de manera arbitraria y contraria a los criterios de la bioética. El hecho de denegar el acceso al sistema sanitario a personas vulnerables supone, en la práctica, una condena a muerte.

Las residencias de mayores pueden ser de tres tipos: públicas, concertadas y privadas. Cada Comunidad Autónoma tiene un modelo de gestión distinto y su responsabilidad en cada modelo difiere según la titularidad del establecimiento sociosanitario. Así, en la Comunidad de Madrid, la gran mayoría de residencias de mayores son concertadas o privadas; esto no quiere decir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pueda exonerar su responsabilidad por la monstruosidad vivida en las residencias de mayores, sino que tiene un deber de tutela y vigilancia de este tipo de establecimientos. El hecho de que se haya producido abandono/desatención de nuestros mayores en las residencias de mayores coloca a la Administración Pública en el punto de mira.

La muerte o las lesiones a nuestros mayores son indemnizables cuando se acredita que, desde la Administración Pública, o desde el propio establecimiento sociosanitario, se les ha negado el auxilio que necesitaban. La vía civil o la vía administrativa te permiten reclamar en nombre de tus mayores aquello que se les negó durante la primera oleada de la COVID-19.

El equipo de ESM RECLAMACIÓN SOCIOSANITARIA quiere ser tu aliado si has sufrido la tragedia vivida de las residencias de mayores; no sólo te asesoramos en la mejor vía de reclamación, sino que estamos a tu lado si decides dirigirte frente a la Administración Autonómica correspondiente. Contacta con nosotros.

(1) Datos de Radio Televisión Española (RTVE) de 28 de junio de 2020.