La justicia exime de responsabilidad a un odontólogo tras acusaciones de falsificación en un caso de presunta negligencia

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido absolver a un odontólogo de Lanzarote, quien fue acusado de estafa procesal por supuestamente falsificar un documento con el fin de encubrir una posible negligencia médica en una clínica dental.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictaminado la absolución de un odontólogo de Lanzarote, quien se enfrentaba a cargos de estafa procesal por supuestamente manipular un documento con el objetivo de ocultar una posible negligencia médica en una clínica dental.

El caso se remonta a enero de 2016, cuando el profesional, cuya clínica colaboraba con el Servicio Canario de Salud, atendió a una menor remitida por el sistema público para la extracción de un “diente supernumerario”, es decir, una pieza dental adicional situada entre los incisivos centrales.

La madre de la paciente denunció que, en vez de extraer el diente señalado por los especialistas públicos, se retiró una pieza fija, lo que motivó una reclamación al Servicio Canario de Salud por los daños ocasionados a su hija. Esta reclamación fue rechazada, y posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias también desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado.

Tras la sentencia desfavorable, la madre de la paciente alegó que el odontólogo había realizado anotaciones manuscritas en el consentimiento informado para la extracción, acusándolo de falsificar el documento y reclamando una indemnización por dicha supuesta falsedad.

Sin embargo, la Audiencia Provincial concluyó que no se pudo demostrar ninguna alteración del documento por parte del profesional. El perito encargado de revisar los documentos no logró certificar que hubieran sido falsificados.

Durante el juicio, tres odontólogos prestaron declaración; dos de ellos coincidieron en que no existió mala praxis en la extracción de la pieza fija en lugar de la supernumeraria.

Como especialistas en derecho sanitario, subrayamos la gravedad de acusar a profesionales de modificar documentación clínica, ya que tales afirmaciones requieren pruebas concluyentes y sin margen de duda.

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